La familia, desamparada
La familia española está más desamparada que nunca. Basta con echar un vistazo a los números para darse cuenta de esta triste realidad: mientras la media europea destina a la familia el 2,1% del Producto Interior Bruto (PIB), España apenas alcanza el 1,2%, lo que nos sitúa a la cola de la UE y muy lejos de países como Dinamarca, Luxemburgo o Alemania que invierten en ayudas a la familia un 3,7%, un 3,4% y un 3,1% de su PIB, respectivamente. Así pues, es lógico que la familia española esté padeciendo más que ninguna otra los sinsabores de la crisis económica: según el informe La familia ante la crisis presentado ayer por el Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia, The Family Watch, la mayoría de los españoles afronta la crisis reduciendo gastos superfluos y retrasando otros como el cambio de coche, la compra de una TV nueva y la reforma de la casa (67%) o evitando las salidas para comer o cenar fuera (63%).
Los españoles, igualmente, no experimentan que los gobernantes estén padeciendo la crisis igual que ellos y con acierto proponen para salir de la crisis recortar altos cargos (94%), reducir el gasto público (77%), reformar el mercado de trabajo (74%) y bajar los impuestos (61%).
La situación de abandono y desprotección que vive la familia española es una contradicción y una gran torpeza de nuestra clase política, que vive de espaldas a una realidad inmutable como es que la familia es una de las instituciones naturales más importantes de la civilización occidental y cristiana, y un valor elemental que ningún Gobierno democrático ni ningún Estado de derecho debería subvertir. Porque el apoyo a la familia supone defender aquello que nos hace libres y que nos permite ofrecer resistencia al poder. El buen sentido político debería aconsejar poner en práctica más políticas de apoyo, como han hecho otros países de Europa, porque si la familia enferma, se quiebra la sociedad. Y no sólo desde el punto de vista de los valores humanos, sino también desde el punto de vista económico, porque la economía de un pueblo donde la natalidad se hunde y la población se avejenta está llamada a la quiebra.
Por contra, cuando la familia funciona, en los momentos de crisis económica, el que no tiene trabajo, el que está solo y el abandonado tienen en ella el refugio más seguro, como está ocurriendo en estos momentos en España.
La familia española, no sólo ha sido desatendida, sino que durante las dos últimas legislaturas se ha visto bombardeada y acosada por la “revolución cultural” del zapaterismo que tenía en la banalización de la familia uno de sus objetivos fundamentales. El primer envite se lo llevó la propia definición de matrimonio, modificada de forma torticera gracias a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Una ley que fue el primer paso en una serie de medidas tendentes a socavar los cimientos de una institución como la familia, como el divorcio exprés, la Ley de Igualdad, la mal llamada Educación para la Ciudadanía o una ley que convierte el aborto en un derecho inalienable de la mujer y reduce a la persona a un mero objeto de placer pasajero. Pero, por fortuna, la persecución a la familia, como el zapaterismo, ha tocado a su fin. Ahora sólo cabe esperar hay que el Gobierno de Mariano Rajoy aporte un poco de sensatez para resolver el problema y dé el giro a la política de apoyo a la familia que España necesita, porque, entre otras cosas, en ese envite nos va el futuro.
Los españoles, igualmente, no experimentan que los gobernantes estén padeciendo la crisis igual que ellos y con acierto proponen para salir de la crisis recortar altos cargos (94%), reducir el gasto público (77%), reformar el mercado de trabajo (74%) y bajar los impuestos (61%).
La situación de abandono y desprotección que vive la familia española es una contradicción y una gran torpeza de nuestra clase política, que vive de espaldas a una realidad inmutable como es que la familia es una de las instituciones naturales más importantes de la civilización occidental y cristiana, y un valor elemental que ningún Gobierno democrático ni ningún Estado de derecho debería subvertir. Porque el apoyo a la familia supone defender aquello que nos hace libres y que nos permite ofrecer resistencia al poder. El buen sentido político debería aconsejar poner en práctica más políticas de apoyo, como han hecho otros países de Europa, porque si la familia enferma, se quiebra la sociedad. Y no sólo desde el punto de vista de los valores humanos, sino también desde el punto de vista económico, porque la economía de un pueblo donde la natalidad se hunde y la población se avejenta está llamada a la quiebra.
Por contra, cuando la familia funciona, en los momentos de crisis económica, el que no tiene trabajo, el que está solo y el abandonado tienen en ella el refugio más seguro, como está ocurriendo en estos momentos en España.
La familia española, no sólo ha sido desatendida, sino que durante las dos últimas legislaturas se ha visto bombardeada y acosada por la “revolución cultural” del zapaterismo que tenía en la banalización de la familia uno de sus objetivos fundamentales. El primer envite se lo llevó la propia definición de matrimonio, modificada de forma torticera gracias a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Una ley que fue el primer paso en una serie de medidas tendentes a socavar los cimientos de una institución como la familia, como el divorcio exprés, la Ley de Igualdad, la mal llamada Educación para la Ciudadanía o una ley que convierte el aborto en un derecho inalienable de la mujer y reduce a la persona a un mero objeto de placer pasajero. Pero, por fortuna, la persecución a la familia, como el zapaterismo, ha tocado a su fin. Ahora sólo cabe esperar hay que el Gobierno de Mariano Rajoy aporte un poco de sensatez para resolver el problema y dé el giro a la política de apoyo a la familia que España necesita, porque, entre otras cosas, en ese envite nos va el futuro.