Son "26.121 registros" de personas dadas por desaparecidas o extraviadas en un periodo que "comprende de diciembre de 2006 a noviembre de 2012", informó el martes en una rueda de prensa la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón.
La base de datos fue elaborada por el pasado gobierno de Calderón con informes de fiscalías locales.
De esos casos, "20.915 están relacionadas con averiguaciones previas, actas circunstanciadas, o carpetas de investigación y 5.206 se encuentran pendientes de validación de datos", añadió la funcionaria.
Lía Limón insistió en que la base de datos, que aún deberá ser depurada, "no prejuzga sobre la causa de la no localización de las personas, por lo que muchos de los que la integran pudieron haberse ausentado por diversas razones, no necesariamente relacionados con hechos criminales". Esas personas dadas por desaparecidas podrían haber emigrado a Estados Unidos sin haber avisado a sus familiares o haberse extraviado en el camino, o quizá abandonaron su "hogar por conflictos familiares", incluso algunos de ellos tal vez ya regresaron a sus hogares y sus familiares no han eliminado el parte ante las autoridades, añadió.
El gobierno se negó a dar una posible fecha para concluir esa depuración, así como un porcentaje aproximado de los casos de esa lista que podrían estar relacionados con la violencia.
Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (del Partido Acción Nacional, PAN) e incluso en lo que va del actual gobierno del Enrique Peña Nieto (del Partido Revolucionario Institucional, PRI), iniciado el 1 de diciembre, las marchas y manifestaciones de organizaciones de familiares de desaparecidas se han multiplicado a lo largo del país.
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha denunciado muchos casos de desaparecidos en lugares con altos índices de confrontación entre narcotraficantes y fuerzas de seguridad, incluidos los que involucran a militares como autores de desapariciones forzadas.
A pesar de ello, durante los últimos seis años, reinó un hermetismo absoluto sobre la cifra de desaparecidos, pese a que al mismo tiempo el gobierno informaba sobre narcotraficantes detenidos que confesaban haber disuelto en ácido los cadáveres de sus víctimas y se registraban hallazgos de fosas clandestinas con cientos de cuerpos en al menos dos estados del norte y noreste del país.
Previo al balance de desaparecidos divulgado el martes, la única cifra difundida en México fue publicada por dos diarios estadounidenses como resultado de una filtración de la fiscalía general en diciembre, que ubicaba los desaparecidos en 20.851.
"Lo más importante para el gobierno de la República son las personas, tenemos muy claro que detrás de los datos estadísticos hay personas que nos merecen respeto", dijo Lía Limón.
El miércoles pasado, la organización Human Rights Watch (HRW) presentó un informe en el que documentó 249 desapariciones en los últimos seis años, pero reconoció que "las estadísticas oficiales prácticamente no dejan dudas de que hay miles de casos más". De los 249 casos de desapariciones que documentó HRW, que tiene sede en Nueva York, 149 fueron perpetradas por fuerzas de seguridad. Al respecto, Limón dijo que pedirá a HRW su base de datos para ver cuáles de esos 149 casos aparecen en la base del gobierno mexicano y que será el ministerio Público el que determine si hay indicios de que en efecto se cometió un delito.