Fuertes aplausos que rompían el murmullo de los manifestantes fueron seguidos por la entonación del himno nacional, mientras una enorme bandera de Uruguay flameaba en medio de la céntrica plaza, ubicada a metros de la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), donde se concentró la manifestación.
"Con el fallo sentimos desesperación, rabia, todo junto. Así tengamos que salir al exterior a pelear vamos a seguir hasta que haya verdad y justicia", dijo a la AFP Aurora Rey, expresa política que lleva adelante un caso judicial de denuncia por torturas.
La sentencia que anunció el viernes la SCJ generó "una tensión entre algunos poderes del Estado, pero no deja de ser parte del juego democrático", reconoció a periodistas Raúl Oxandarabat, vocero de la SCJ.
"Las decisiones del Poder Judicial están para ser criticadas siempre y cuando se mantenga para esa crítica cierto margen de orden y de respeto en relación a las autoridades", agregó el vocero, quien admitió que en los últimos días se desplegó "un dispositivo de seguridad" en torno a los ministros de la SCJ.
Oxandarabat recordó que una semana atrás, en un hecho "inusitado" para el país, un grupo de manifestantes ocupó la sede de la SCJ en protesta por la decisión tomada por el organismo de trasladar a la órbita civil a una jueza penal a cargo de decenas de casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura.
Al malestar por el traslado de la magistrada se sumó la declaración de inconstitucionalidad de la ley que había determinado la imprescriptibles de los delitos de la dictadura, al considerarlos crímenes de lesa humanidad, tras lo cual algunos sectores del FA no descartaron realizar un juicio político a la SCJ.
Este lunes, Lucía Topolansky, la senadora más votada del oficialismo y esposa del presidente José Mujica, dijo a la radio El Espectador que la resolución de la SCJ perjudica la imagen de Uruguay en el momento en que se estaba transitando "un proceso prolijo para desandar una situación (de violaciones a los derechos humanos) que ojalá nunca" se hubiera dado.
Topolansky -que participó de la manifestación- aseguró que el FA no está presionando a la SCJ pero no descartó que en una eventual reforma constitucional a futuro se incluyan cambios en el sistema judicial uruguayo, cuya diseño de un solo tribunal supremo consideró "obsoleto".
En respuesta a los planteos de la izquierda y ante "la preocupante situación institucional que ha provocado", este lunes los ex presidentes Jorge Batlle (2000-2005), Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y Julio María Sanguinetti (1985-1990, 1995-2000), todos de la oposición, emitieron una declaración que critica la postura del gobierno.
"No es posible agredir el principio de separación de poderes con la amenaza de citaciones inconsultas, infundados juicios políticos y el agravio constante de legisladores oficialistas a la máxima autoridad judicial", señaló el texto.
Además, la proclama cuestionó que el traslado de una jueza "desate una tormenta de ataques" y recordó que es "inadmisible" que se sigan "despreciando dos consultas directas a la ciudadanía", en referencia a dos plebiscitos (en 1989 y 2009) que no lograron los votos suficientes para derogar la ley de 1986 que limitó las investigaciones de los delitos cometidos en la dictadura, norma que la ley de 2011 ahora cuestionada buscó dejar sin efecto.
Los tres expresidentes alertaron sobre el retorno de "actitudes antidemocráticas" que de no superarse "arrastrarán al país a tiempos de confrontación que no deben repetirse".
La norma declarada inconstitucional por la SCJ pretendía además cumplir con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que en 2011 ordenó al país sudamericano investigar y juzgar esos delitos y eliminar de su jurisprudencia la ley de 1986.
La SCJ justificó su sentencia de inconstitucionalidad de la ley de 2011 en que viola el principio de no retroactividad establecido en la Constitución.
Pese al tenso debate público que llevó a que la sede de la SCJ fuera vallada para evitar inconvenientes, la marcha se llevaba a cabo de forma pacifica.
"Estar acá es una manera de seguir caminado,de demostrar que no somos un pueblo paralítico incapaz de caminar con sus propias piernas y que no estamos condenados a pensar con cabeza ajena y a sentir con corazón ajeno, que podemos por nuestra cuenta hacernos cargo de nuestra propia dignidad y defenderla", dijo a la AFP el escritor uruguayo Eduardo Galeano, antes de marcharse de la concentración.
Galeano, autor del libro "Las venas abiertas de América Latina" y reconocido militante de izquierda participó de la marcha en la que se congregaron legisladores, ministros y autoridades del partido de gobierno.