La demandante, una ciudadana española de etnia gitana de 24 años, ocupa con sus dos hijos pequeños desde julio de 2009 un piso en Madrid del Instituto Municipal de la Vivienda. Se encuentra en paro sin prestación y recibe 500 euros mensuales de renta mínima de inserción.
La mujer invoca los artículos contra la prohibición de tratos inhumanos y por el respeto a la vida familiar
A.M.B. había solicitado sin éxito desde 2007 una vivienda. Después de que el director del organismo de la Comunidad de Madrid constatara la ocupación ilegal, el juez de lo contencioso-administrativo nº 24 de Madrid dictó el pasado 12 de octubre una orden de desahucio.
Agotadas las instancias nacionales, el abogado de la demandante pidió al Tribunal de Estrasburgo el pasado 6 de diciembre la adopción de medidas provisionales para paralizar el [...]
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