El Gobierno pedirá que se habilite la feria judicial para tratar la ley de medios:
El Gobierno presentará mañana su segundo pedido para que la Cámara en lo Civil y Comercial Federal habilite la feria judicial de enero con el objetivo de tratar la causa por la Ley de Medios.
La Jefatura de Gabinete presentará mañana, a primera hora, el pedido de habilitación de la feria que se sumará a la solicitud que realizó el viernes pasado la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), informaron a DyN fuentes oficiales.
El Gobierno busca que durante enero se completen los aspectos procesales del expediente para que en febrero, al reiniciarse la actividad judicial, la Sala I de la Cámara quede en condiciones de resolver si la ley es constitucional o no.
Esto es que el Grupo Clarín y el Gobierno presenten los fundamentos de sus apelaciones al fallo del juez Horacio Alfonso que avaló la ley, para lo que tienen 10 días hábiles, y que luego cada parte le conteste a la otra en un plazo similar de días.
Sin embargo, voceros oficiales señalaron que las expectativas de que la feria se habilite son pocas, porque no se trata de un expediente que requiera una urgencia de resolución.
El trámite normal del expediente en la Cámara recién podría llegar a una resolución en marzo o abril próximo.
En su última intervención, la Corte Suprema, al rechazar el per saltum y prorrogar la cautelar, no habilitó días y horarios como había hecho para que el juez Alfonso resuelva.
La decisión sobre la feria estará a cargo de los jueces Francisco De las Carreras, Ricardo Guarinoni y Graciela Medina, designados para intervenir en las causas de enero.
De las Carreras y Guarinoni son los integrantes de la Sala I que -junto a la magistrada Susana Najurieta quien estará de licencia durante enero- tendrá que resolver la constitucionalidad o no de dos artículos de la ley de medios.
Clarín objeta dos artículos de ley N° 26.522, sancionada el 10 de octubre de 2009: el 45 y 161 que aluden a los limites para ser titular de varias licencias de radiodifusión y los plazos de adecuación para proceder a la desinversión para aquellos que superen ese número.
Precisamente, en el caso de Clarín, la ley no pudo aplicarse por la presentación de una medida cautelar que protegió al grupo de las intenciones oficiales hasta que se verifique si esos artículos son o no constitucionales.
En las últimas semanas, apurado por la Corte Suprema, el juez Horacio Alfonso determinó que esas normas no contradecían a la Constitución, y el Gobierno quiso avanzar de oficio, pero Clarín apeló y el propio juez de primera instancia dejó en suspenso la aplicación de su fallo hasta que sea confirmado o revocado.
La causa. En ese interín, el Gobierno renovó sus críticas a la Cámara en lo Civil y Comercial e intentó por segunda vez aplicar el per saltum para que la Corte Suprema analizara directamente la cuestión, pero el pasado jueves el máximo tribunal rechazó esa vía recursiva.
Además, la Corte ratificó la vigencia del amparo hasta que se resuelva si los artículos son constitucionales, aunque aclaró que una vez que se defina la cuestión y si Clarín pierde la batalla, ya no tendrá un año de prórroga para poner en vigencia la desinversión porque ese período ya se consumió durante la tramitación de la causa.