La corrupción de entrecasa:
Los desprendimientos personales de funcionarios sospechados de actos de corrupción y la celeridad de la Justicia en resolver esos hechos delictivos no son una marca distintiva de la Argentina.
Aunque las malas artes en la función pública constituyen un flagelo que se mide a escala mundial, hay países vecinos que, sin interferencias ni protecciones, dieron muestras de un decidido combate a la corrupción. Brasil y Chile fueron noticia en la materia, a raíz de sendos escándalos que se ventilaron en los últimos días.
En medio de las denuncias por el presunto vínculo con un episodio de corrupción, el ministro de Justicia de Chile, Teodoro Ribera, presentó su renuncia al presidente Sebastián Piñera, quien se la aceptó de inmediato. Ribera quedó complicado tras una investigación en la que se lo acusó de “tráfico de influencias” para mejorar la calificación de un centro de educación propio.
En tanto, en Brasil, el Supremo Tribunal Federal destituyó a tres diputados condenados por un caso de corrupción operado durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión del máximo cuerpo judicial se hizo sin previo juicio político en la Cámara Baja.
Con los parlamentarios, cayeron en desgracia, además, 22 empresarios y políticos, condenados por su vinculación con una red que sobornó a congresistas a cambio de apoyo legislativo al comienzo de la primera presidencia de Lula.
Argentina no ha dado muestras ejemplares en esa batalla. Desde la década de Carlos Menem como presidente, pasando por los sobornos en el Senado durante la gestión de Fernando de la Rúa, hasta la actual administración kirchnerista, se acumulan los expedientes que involucran a funcionarios. Al cabo de la década menemista, sólo terminó condenada María Julia Alsogaray.
El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime sigue eludiendo a la Justicia pese a tener variadas denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y mal desempeño de sus funciones. Jaime encabeza la nómina de funcionarios que durante los gobiernos kirchneristas incrementaron sus bienes patrimoniales de manera escandalosa.
Un emblema en estos menesteres es el vicepresidente Amado Boudou, quien se aferró al cargo a pesar de las graves denuncias que lo acorralaban en el sonado “caso Ciccone”. Boudou hace un deporte de su ostentosa forma de vida y si no dimitió al cargo fue porque tuvo la protección de la presidenta Cristina Fernández.
La exministra de Economía Felisa Miceli podría ser condenada por el hallazgo, en 2007, de una bolsa con dinero en el baño de su despacho. La lista continúa.
Argentina tendrá que disciplinar sus reglas de transparencia si aspira a dejar los incómodos puestos en los que se ubica como uno de los países con mayores índices de corrupción en el continente americano.