Un sacrificio fiscal para todos
La disparidad entre el tipo oficial del impuesto sobre sociedades en España -de un elevado 30%- y el tipo efectivo a abonar, cuya cuantía es considerablemente menor, se debe al beneficioso entramado de deducciones fiscales que contempla la legislación tributaria. Una regulación que nace de la conveniencia de estimular la actividad empresarial y de ofrecer a las compañías múltiples opciones para reducir su factura fiscal. No solo los pequeños empresarios, sino también -y especialmente- los grandes grupos consolidados y las multinacionales se han beneficiado de esta ventaja en los últimos años. En el caso de estos últimos, hasta el punto de que actualmente una gran compañía tributa por el impuesto sobre sociedades a un tipo prácticamente idéntico al de un contribuyente de renta media en el IRPF y, en ocasiones, también sustancialmente menor que el que ha de aplicar una microempresa. Ello supone una evidente distorsión que resulta difícilmente compatible con una mínima equidad fiscal y que, en el caso de las rentas del trabajo, parece condenada a agravarse durante los dos próximos años, tras la aprobación por parte del Gobierno de la mayor subida fiscal en el impuesto sobre la renta desde el inicio de la democracia.